“Ataque al derecho de defensa” (artículo originalmente publicado en el periódico Folha de São Paulo el 10 de junio de 2016)

La abogacía fue, a lo largo de la historia, respetada como institución dedicada a la defensa de la libertad, del Estado democrático de derecho, de la ciudadanía. Estas prerrogativas fueron incuestionables, principalmente porque siempre se supo que sin ellas los abusos serían inevitables ante la tendencia casi natural del poderoso Estado subyugar a los individuos bajo su autoridad.

Incluso en periodos de excepción, la abogacía brasileña está reconocida como voz libre e independiente, al servicio de desafortunados perseguidos por acusaciones de todo tipo. Hoy, por otro lado, en pleno Estado democrático de derecho, el discurso populista y lleno de pudor quiere suprimir de los investigados el derecho a defenderse, reteniendo su propio derecho a un abogado, como si estuviéramos revitalizando la máxima inquisitorial en la que el inocente no necesita abogado, mientras que el culpable no lo merece.

Peor, el Estado represor no se da por satisfecho con la punición justa del acusado, cerciorada después del proceso en el que se asegure lo contradictorio y la amplitud de defensa con los medios que a ella son inherentes, incluso el derecho de no hacer prueba en su contra. Con una naturalidad inquietante, la histeria inherente a los ajusticiamientos transforma el abogado en el objetivo preferencial de investigaciones. No son sólo intentos para debilitar la defensa técnica relativizando los derechos constitucionales del ciudadano, la banalización de la utilización de instrumentos violadores de la intimidad, la supresión del derecho a ciertos medios de evidencias o la interposición de recursos, sino que también son un pretexto para prorrogarla.

En este momento atacan al abogado, impidiendo que oriente a su cliente, de que pueda conversar de manera privada, de construir sus justificaciones y argumentos. En las interceptaciones telefónicas quieren oírlos en conversaciones que tendrían que estar resguardadas por el mismo sigilo que orienta sus confesiones a los ministros religiosos y las revelaciones íntimas a los médicos.

Quieren escuchar al acusado confesar el crimen al que le solicitó ayuda. O más bien, quieren que el propio abogado sucumba y sin tener alternativa, haga con que su constituyente confiese la tesis del acusador o que firme un acuerdo de delación premiada.

Pues si el investigado no confiesa el crimen, la construcción de una versión defensiva que no se ajuste al modelo de hecho preconcebido por el acusador o la simple selección de los medios de evidencia que la defensa ose utilizar a favor del investigado estarán consideradas mentiras urdidas que se oponen a la búsqueda de la “verdad”.

Es necesario alertar la sociedad para el peligro de que un día lleguemos al punto de que la única voz activa sea la de la acusación; día en el que los abogados tan subyugados como los propios acusados no serán la voz libre e independiente de infelices perseguidos por acusaciones criminales.

Día en el que el linchamiento sumario de la opinión pública no dejará de destituir investigados y sus abogados de lo que hasta entonces era lo básico: el derecho de defensa.

Fuente: Conjur.com.br

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